16 de mayo de 2017
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su llamado a que los Estados adopten medidas urgentes y con perspectiva de género para prevenir, investigar, y sancionar todos los asesinatos contra las mujeres. La CIDH expresa su profunda preocupación por información que continúa recibiendo sobre asesinatos alarmantes y actos de violencia física, psicológica, y sexual contra las mujeres que siguen ocurriendo a través del hemisferio.
La CIDH destaca ejemplos recientes del entorno violento que enfrentan las mujeres en las Américas. En Argentina, se registró la muerte de Micaela García, activista y parte del movimiento “Ni una Menos”, en Gualeguay el 7 de abril. Micaela fue hallada muerta con signos de estrangulación y violencia sexual. En Brasil, fue asesinada Ismara Filier junto a su hijo de 8 años y otras diez personas, a manos de su ex pareja en Campinas, Sao Paulo, el 1 de enero. Un día después, fue también asesinada Renata Rodríguez Aureliano en Minas Gerais, a manos de su ex pareja.
En Colombia, tras denunciar amenazas y hostigamientos ante las autoridades, Claudia Rodríguez fue asesinada el 10 de abril, un día antes del asesinato de Elcy Yamile Olaya Bolívar, ambas víctimas de sus exparejas. En los Estados Unidos, Karen Smith, maestra, fue asesinada por su esposo en una escuela en San Berbardino, California, el 10 de abril, resultando asimismo muerto un niño de 8 años y herido un niño de 9 años.
En México, la CIDH recién tomó conocimiento del asesinato de Lesby Berlín Osorio, de 22 años, el pasado 3 de mayo. El cuerpo sin vida de Lesby fue encontrado junto a una cabina telefónica en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estrangulada con el cable del teléfono. Apenas un mes antes, el 9 de abril, fue encontrado el cuerpo calcinado de Lizbeth Sánchez, de 18 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida dos días antes. También en México fue asesinada Martha Estela Sosa, el 30 de enero, por disparos de su pareja. En Trinidad, Jamilia Derevenax fue asesinada en un cine el 5 de febrero.
La CIDH destaca y reitera que estos asesinatos no son un problema aislado y son sintomáticos de un patrón que afecta a todas las Américas.
La CIDH resalta que hay múltiples factores estructurales que promueven la repetición de asesinatos contra las mujeres. El machismo, el patriarcalismo y los estereotipos sexistas siguen incrementando la situación de riesgo de las mujeres. Además, la discriminación histórica engranada en el tejido social a través de las Américas impide el completo ejercicio de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y limita la autonomía de las mujeres en ámbitos como la salud sexual y reproductiva. Existe asimismo una tolerancia social a la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual y económica y otras) y la gran mayoría de estos actos continúan permaneciendo impunes, sin una respuesta oportuna y seria de parte de las autoridades policiales y judiciales.
La Comisionada Margarette May Macaulay, en su capacidad como Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, indica: “En las Américas, los Estados han empleado una diversidad de esfuerzos legislativos e institucionales significativos para prevenir y responder a los asesinatos de mujeres. Sin embargo, éstos son insuficientes y deben abordar asimismo los patrones socioculturales discriminatorios y sociales conducentes a la consolidación de un marco social violento y de riesgo para las mujeres. Estos patrones son evidentes en la familia y en contextos como la educación, la salud, el empleo, y las prisiones, entre otros escenarios de la vida pública de los países en la región”.
La CIDH expresa a su vez preocupación por la naturaleza inter-seccional del riesgo que viven las mujeres. Variables como la etnia, la raza, la edad, la orientación sexual e identidad de género, situaciones de discapacidad o el hecho de ser migrante pueden incrementar el riesgo de una mujer a ser asesinada y victimizada.
En este sentido, la CIDH expresa su alarma por la continuidad de asesinatos a mujeres lesbianas y trans en la región. En este periodo en particular, la CIDH condena los asesinatos de Alphonza Watson, mujer trans de 38 años, en Estados Unidos el 22 de marzo y el de Susana Sanhueza, mujer lesbiana de 22 años, en Chile el 7 de marzo. También rechaza el asesinato de Sherlyn Montoya, mujer trans y defensora de los derechos humanos de personas trans en Honduras y perteneciente a la organización “Muñecas de Arcoíris”. Su cuerpo fue encontrado sin vida con signos de tortura y estrangulación el 4 de abril. En Brasil, Hérica Izidório, mujer trans de 24 años, falleció el 12 de abril tras haber estado hospitalizada dos meses en estado de coma, resultado de una violenta agresión física. Asimismo, la Comisión ha recibido información preocupante sobre asesinatos a personas que utilizan prendas socialmente identificadas como "femeninas", desafiando las normas tradicionales sobre vestimenta.
Bajo esta línea, la CIDH fue informada del asesinato en México de Hipólito Ramírez Calderón "Polo", trabajador sexual de 45 años de edad. Su cuerpo fue encontrado sin vida con signos de bala en su lugar de trabajo el 19 de marzo. La Comisión Interamericana hace un llamado a los Estados para que investiguen dentro de un plazo razonable estos hechos, abriendo líneas de investigación adecuadas que contemplen la posibilidad de que los mismos hayan ocurrido por motivos relacionados con la orientación sexual e identidad de género -real o percibida- de las víctimas, y adopten medidas efectivas para garantizar que éstos no queden en la impunidad.
La CIDH a su vez lamenta profundamente los asesinatos de niñas y adolescentes de los cuales ha tenido conocimiento en este periodo, acompañados de actos de gran crueldad y violencia sexual. La Comisión repudia los asesinatos en Argentina de Florencia Di Marco, de 12 años, en San Luis, a manos de su padrastro y el de Ornella Dottori de 16 años, quien fue encontrada sin vida en Tucumán, encontrándose desaparecida desde el 12 de abril; así como el asesinato y la violación sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, en Bogotá, Colombia, el 4 de diciembre de 2016. Las niñas y las adolescentes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad a formas extremas de violencia, violencia sexual y asesinatos, debido a su condición, lo cual de acuerdo a la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica un deber reforzado de protección de parte de los Estados para prevenir, proteger, investigar, sancionar, y reparar los daños.
La CIDH también aprovecha para destacar los deberes acentuados de prevención y protección de los Estados hacia mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, en situación de movilidad, las mujeres integrantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y las defensoras de derechos humanos. Además de correr un gran riesgo de ser víctimas de violencia, explotación y abuso sexual, las mujeres y niñas con discapacidad sufren múltiples limitaciones al goce de sus derechos fundamentales como los obstáculos en el acceso a la justicia, la falta de servicios de salud, la carencia de medidas de accesibilidad, la limitada participación política, el no reconocimiento de su capacidad jurídica, y el internamiento sin consentimiento. La CIDH también ha recibido información indicando que las mujeres mayores enfrentan de forma frecuente formas de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia, y un número significativo de obstáculos en el ejercicio de todos sus derechos humanos.
Asimismo, la Comisión ha documentado cómo las mujeres migrantes suelen ser víctimas, en razón de su género, de diversas formas de violencia, sexual, física y psicológica, a lo largo de todo el continuum de la migración (origen, tránsito, destino y retorno). Las mujeres migrantes son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, de prostitución forzada o explotación laboral; de desapariciones; y de feminicidios.
La CIDH ha recibido este año información sobre la apremiante situación de las mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes en el hemisferio. Dado que se encuentran entre los grupos sociales más marginalizados de la región, sus posibilidades de acceso a educación, empleo y salud son limitados, y enfrentan múltiples obstáculos para acceder a los servicios necesarios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
La CIDH asimismo exhorta a los Estados a prestar una atención especial a la situación de mujeres privadas de su libertad. En su caso, las condiciones de encierro adquieren una dimensión propia que resulta en vulneraciones particulares y desproporcionalmente graves a sus derechos derivadas de su sexo y condición de género.
Las mujeres defensoras de derechos humanos también siguen estando expuestas de forma continua a asesinatos y múltiples violaciones de sus derechos humanos en varios países del hemisferio, al desafiar las concepciones estereotipadas de género atribuidas a su sexo. La Comisión reitera el derecho de todas las mujeres a defender y promover los derechos humanos y exhorta a los Estados a abordar los contextos que acentúan el riesgo de defensoras a asesinatos, hostigamientos y criminalización.
La CIDH hoy exhorta de forma apremiante a los Estados a adoptar medidas inmediatas y urgentes para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar todo asesinato y acto de violencia contra las mujeres. Ello conlleva la adopción de medidas de prevención integrales elaboradas con la participación de las mujeres beneficiarias, que incluyan un componente orientado a eliminar todos los estereotipos y patrones discriminatorios contra las mujeres, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención de Belém do Pará”.
Las medidas de prevención deben tener una perspectiva de género, considerando todos los factores de riesgo así como el patrón de discriminación histórica y subordinación que aún afecta de forma negativa a las mujeres, y tener como objetivo no sólo su igualdad, pero también su empoderamiento y autonomía. La participación de las mujeres en el diseño de legislación, políticas y servicios es fundamental para su eficacia.
La CIDH asimismo reitera la necesidad de que todos los asesinatos de mujeres sean investigados de forma pronta y exhaustiva para que no permanezcan en la impunidad y durante los procesos de justicia sus familiares deben ser tratados con dignidad y respeto. Por último, la CIDH destaca la necesidad de que los Estados otorguen reparaciones con vocación transformadora, con el objetivo de erradicar los patrones y causas estructurales que acentúan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La CIDH a su vez lamenta profundamente los asesinatos de niñas y adolescentes de los cuales ha tenido conocimiento en este periodo, acompañados de actos de gran crueldad y violencia sexual. La Comisión repudia los asesinatos en Argentina de Florencia Di Marco, de 12 años, en San Luis, a manos de su padrastro y el de Ornella Dottori de 16 años, quien fue encontrada sin vida en Tucumán, encontrándose desaparecida desde el 12 de abril; así como el asesinato y la violación sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, en Bogotá, Colombia, el 4 de diciembre de 2016. Las niñas y las adolescentes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad a formas extremas de violencia, violencia sexual y asesinatos, debido a su condición, lo cual de acuerdo a la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica un deber reforzado de protección de parte de los Estados para prevenir, proteger, investigar, sancionar, y reparar los daños.
La CIDH también aprovecha para destacar los deberes acentuados de prevención y protección de los Estados hacia mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, en situación de movilidad, las mujeres integrantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y las defensoras de derechos humanos. Además de correr un gran riesgo de ser víctimas de violencia, explotación y abuso sexual, las mujeres y niñas con discapacidad sufren múltiples limitaciones al goce de sus derechos fundamentales como los obstáculos en el acceso a la justicia, la falta de servicios de salud, la carencia de medidas de accesibilidad, la limitada participación política, el no reconocimiento de su capacidad jurídica, y el internamiento sin consentimiento. La CIDH también ha recibido información indicando que las mujeres mayores enfrentan de forma frecuente formas de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia, y un número significativo de obstáculos en el ejercicio de todos sus derechos humanos.
Asimismo, la Comisión ha documentado cómo las mujeres migrantes suelen ser víctimas, en razón de su género, de diversas formas de violencia, sexual, física y psicológica, a lo largo de todo el continuum de la migración (origen, tránsito, destino y retorno). Las mujeres migrantes son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, de prostitución forzada o explotación laboral; de desapariciones; y de feminicidios.
La CIDH ha recibido este año información sobre la apremiante situación de las mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes en el hemisferio. Dado que se encuentran entre los grupos sociales más marginalizados de la región, sus posibilidades de acceso a educación, empleo y salud son limitados, y enfrentan múltiples obstáculos para acceder a los servicios necesarios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
La CIDH asimismo exhorta a los Estados a prestar una atención especial a la situación de mujeres privadas de su libertad. En su caso, las condiciones de encierro adquieren una dimensión propia que resulta en vulneraciones particulares y desproporcionalmente graves a sus derechos derivadas de su sexo y condición de género.
Las mujeres defensoras de derechos humanos también siguen estando expuestas de forma continua a asesinatos y múltiples violaciones de sus derechos humanos en varios países del hemisferio, al desafiar las concepciones estereotipadas de género atribuidas a su sexo. La Comisión reitera el derecho de todas las mujeres a defender y promover los derechos humanos y exhorta a los Estados a abordar los contextos que acentúan el riesgo de defensoras a asesinatos, hostigamientos y criminalización.
La CIDH hoy exhorta de forma apremiante a los Estados a adoptar medidas inmediatas y urgentes para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar todo asesinato y acto de violencia contra las mujeres. Ello conlleva la adopción de medidas de prevención integrales elaboradas con la participación de las mujeres beneficiarias, que incluyan un componente orientado a eliminar todos los estereotipos y patrones discriminatorios contra las mujeres, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención de Belém do Pará”.
Las medidas de prevención deben tener una perspectiva de género, considerando todos los factores de riesgo así como el patrón de discriminación histórica y subordinación que aún afecta de forma negativa a las mujeres, y tener como objetivo no sólo su igualdad, pero también su empoderamiento y autonomía. La participación de las mujeres en el diseño de legislación, políticas y servicios es fundamental para su eficacia.
La CIDH asimismo reitera la necesidad de que todos los asesinatos de mujeres sean investigados de forma pronta y exhaustiva para que no permanezcan en la impunidad y durante los procesos de justicia sus familiares deben ser tratados con dignidad y respeto. Por último, la CIDH destaca la necesidad de que los Estados otorguen reparaciones con vocación transformadora, con el objetivo de erradicar los patrones y causas estructurales que acentúan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
