La participación política de los jóvenes ha sido severamente señalada
cuando de defender la gratuidad de la educación, como derecho
fundamental, se trata. Fue el caso de la huelga de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999, criticada de atentar contra
las exigencias del “desarrollo”.
Una transformación hacia la integración social y política de los
jóvenes debería tener como objetivo luchar contra las ideologías que
reproducen los estatus y la primacía de élites político-económicas,
ambas causas de la fragmentación social. Las políticas educativas
deberían también funcionar para la ” alfabetización política” para que
todo sujeto de derechos pueda exigirlos efectivamente y hacerlos reales
(todos los derechos de una vida justa, comunitaria, dialógica y
participativa en lo económico, lo político y lo cultural), ubicando como
punto de partida, desde una educación para la liberación, la situación
marginal en la cual viven como oprimidos en la cual no logran realizarse
como actores políticos plenos de sus derechos.
Los
jóvenes politizados preguntan a muchos otros: ¿por qué soportar la
exclusión del ingreso a las escuelas que necesitamos? ¿Por qué no poder
tener trabajo digno o crear nuestras propias alternativas laborales?
¿Por qué es tan difícil organizarnos para algo más que fiestas y
borracheras?

Contra el autoritarismo en todo el mundo los jóvenes son el corazón
de la época. Son el motor del desarrollo como necesidad, y no desarrollo
como capacidad. Con su cuestionamiento y su acción colectiva se
proponen a liberar la idolatría por los órdenes de poder y de estatus,
así como buscar la alternancia económica en contra de la globalización
de la pobreza. Claro que aquí me refiero no sólo a los jóvenes en cuanto
a edad, sino en cuanto a la conciencia revolucionaria.
A pesar de las críticas a los “actos de rebeldía” desde los aparatos
mediáticos masivos, comúnmente se alude la “necesidad” de incorporar a
los jóvenes a la “democracia” y a la “sociedad”; desde múltiples foros
se pide que participen haciendo el trabajo que las instituciones no
pueden hacer y a eso le llaman participación política (respecto a temas
como salud, adicciones y demás). Sin embargo, se inhibe la participación
política de estos mismos jóvenes a la hora de tocar temas como la
gratuidad de la educación o al hablar sobre la formulación de los
programas educativos nacionales, o sobre la defensa de derechos
laborales, seguridad social o pensiones…
De aquí a 2030 los jóvenes seguirán representando la mitad de la
población de América latina, en especial de México, y el incremento de
la educación no va al ritmo de la demanda. En 1990, 11.5 millones de
jóvenes entre 15 y 19 años no tenían instrucción media, esto es 48% de
toda la población juvenil. Del 52% restante, 6.8 millones de jóvenes
iban a la secundaria (28%), 3.4 millones estudiaban preparatoria o
normal (14%) y 2.16 millones estaban en estudios superiores (9%). La
matrícula de estudiantes universitarios en 1990 era de 65%, cuando 10
años antes era de 30%, debido al crecimiento demográfico (Nexos,
1990; Inegi, 2010). Veinte años después tenemos una exclusión de 40% de
los jóvenes que desean ingresar a la educación superior, con más 650
mil rechazados en los últimos 2 años y 2 millones solicitando un empleo
sin obtenerlo.
El contexto es la agudización de un conflicto entre los capitalistas
con capacidad de absorber pequeñas economías y todos los desposeídos de
capital. Esto genera que la competencia totalmente desigual desquicie
todos los ámbitos sociales en lugar de generar la cooperación social y
el equilibrio económico. La competencia por la captación de recursos y
ganancias genera paradigmas educativos relativos a la fragmentación del
conocimiento para satisfacer la ultraespecialización, necesaria para el
mercado, pero sinónimo de exclusión para quienes no tienen capacidades
adquisitivas.
La falta de producción nacional y el endeudamiento público con
proyectos para la satisfacción de las grandes empresas repercute en la
incapacidad de liberar las profesiones en un mercado con igualdad de
condiciones. Contra las críticas a la centralización de la economía de
los programas socialistas, tenemos en realidad una planificación
económica hecha por las grandes empresas de cada ramo, corporaciones
dispuestas a dejar morir a los desposeídos. Los gobiernos neoliberales
han favorecido estos procesos y algunas instituciones educativas se
benefician de este paradigma.
Voy a dar un ejemplo. Los ranking mundiales de universidades atienden
a criterios “científicos” o de verosimilitud, por ejemplo, el número de
veces que es citado un docente, una investigación, o cuánto dinero se
ha invertido en determinado desarrollo de tecnología, cuántos egresados
forman parte de puestos de poder, etc. Las universidades más reconocidas
son aquellas que procuran condiciones para la investigación y para el
desarrollo científico, que pone a sus estudiantes las condiciones para
producir en libertad, aunque los proyectos macroeconómicos apoyados sean
los de la justificación del “orden social” o los inventores de
enfermedades de la mente para ganancia de las transnacionales
farmacéuticas.
Hoy en día, la mercantilización puede romper un delgado equilibrio en
la educación, misma articula a la sociedad con sus lazos culturales y
organizacionales, para entonces irrumpir con el paradigma de la pura
competencia y la fragmentación.
¿Qué dignidad existe cuando nos ponemos a competir miles por unos
cuántos lugares? ¿Cómo no se van a caer los derechos laborales frente a
estos procesos de precarización económica y social? El límite político a
los grandes capitales no lo intentará poner ninguno de los partidos en
pugna, menos cuando ni siquiera se presentan programas sociales que
contengan una crítica sostenida, a través de la educación, de este
paradigma de pensamiento sobre la competencia y el conflicto clasista,
siempre en detrimento de la participación social en la política. Pero la
pregunta sigue: ¿quién podría realmente tener el alcance sino el Estado
para cuestionar socialmente estos procesos de precarización social?
Las clases subalternas, todas aquellas desposeídas y excluidas de los
espacios educativos y económicos, no pueden ser representadas si el
Estado no se plantea la unidad antes que la exclusión. En México, sólo
la exigencia de derechos puede ayudar a liberar a estas clases de las
condiciones en las que viven, tal como lo hacen los movimientos de
rechazados, los movimientos por la liberación de la educación
secuestrada por el SNTE, los movimientos por la defensa de la gratuidad,
el movimiento en defensa de las normales rurales y la escuela rural
comunitaria y alternativa, o las exigencias a favor del regreso de la
filosofía a los bachilleres. Esto se logra también con la activación de
los comités ciudadanos y locales que expresan y construyen escuelas de
acuerdo a sus propias necesidades, por la educación alternativa no
institucional, crítica y transformadora… Hay un largo etcétera que se
resume como la búsqueda de un paradigma en contra la dominación cultural
e ideológica y por una educación que motive al equilibrio y la
cooperación social.
Contradicciones que indignan: raíces de la violencia
Hoy
día atendemos a una macroestructura que exige consumo pero no provee de
capacidades para adquirir, que exige éxito a través de la riqueza pero
no da medios de producción para satisfacer la exigencia. En el plano
educativo, esta macroestructura exige eficiencia institucional,
empresarial y laboral, pero no brinda educación igual para todos. No hay
mejores condiciones para la violencia que toda esta raíz de frustración
y exaltación de deseos capitalistas: los altos índices de violencia,
drogadicción, suicidio, alcoholismo, narcotráfico y delincuencia apuntan
casi siempre a los jóvenes como grupo social vulnerable.

Tristemente, el análisis de Cordera es ingenuo; como si éstas fueran las
prioridades de los jóvenes excluidos socialmente, o mejor aún, como si
esto realmente fuera una propuesta que cambiaría nuestro futuro.
Estamos hablando de repensar por completo el papel de la educación,
devolver la filosofía a la formación en todos los niveles; pero una
filosofía sobre las capacidades transformadoras, al estilo freireano:
1) que descubra las ideologías como elementos de reproducción social y
su superación mediante la «concientización»; 2) La ubicación del punto
de partida para el proceso educativo-alfabetizador en la situación
límite que vive el oprimido; 3) La naturaleza dialógica del ser humano y
su fundamental apertura (Santos Gómez, Revista Iberoamericana de
Educación, No. 46, 2008).
Obviamente la oficialización de esta perspectiva, que en Brasil
potenció un proceso de integración social (que puede perderse con el
tiempo si no se procura), coincide con una verdadera actuación política,
que comienza por la formación de maestros con perspectiva crítica y
transformadora, con la edición de materiales y prácticas educativas
–sobre todo para los lugares de exclusión– y fundando escuelas de este
pensamiento con injerencia en todas las áreas formativas y todas
aquellas que la misma población exija. Lo ideal es que todo el mundo se
conciba como educador y como educando al mismo tiempo, asumiendo no ser
más ni menos que nadie.
El pensamiento crítico implica develar las condiciones ideológicas
que reproducen la discriminación por sexualidad, por género, por
nacionalidad o por etnia, eliminando los valores de la cultura burguesa y
eurocéntrica, pero también haciendo que cada persona protagonice su
propia lucha en contra de la explotación, marginación o exclusión que
pudiese estar viviendo. Esto es la pedagogía transformadora como
metodología de todo programa educativo.
Todo ello involucra una exigencia social amplia, un movimiento
juvenil, estudiantil, de rechazados, de egresados, que pueda converger
en la demanda por la igualdad social y la emancipación cultural, que
tiene como opresores a los dirigentes de los programas educativos
nacionales. Este movimiento debe involucrar completamente a las
instituciones educativas y culturales para que proporcionen todos los
recursos e infraestructura posible para la difusión, capacitación y
articulación de programas pedagógicos alfabetizadores, bachilleratos
populares, carreras humanísticas, artísticas y científicas para toda la
población que así lo requiera, en instancias de educación “informal”, en
los barrios y comunidades, dentro de las instalaciones de las
instituciones culturales y educativas, o en el seno de los movimientos
populares (como los bachilleratos populares argentinos).
No estamos para menos y sólo una oportunidad tenemos. Nuestra
actividad crítica y reflexiva, sumada a la responsabilidad, debería
permitirnos ser una juventud fuerte y no angustiada por el futuro. Que
la construcción del conocimiento científico, la formación y el
autoconocimiento, la condición humana, el sentido de la existencia, los
saberes tradicionales, las luchas sociales, los discursos culturales
sobre la muerte, el cosmos, la sabiduría ancestral, los enunciados
filosóficos sobre los problemas de la ciencia y los temas de la vida
cotidiana sean analizados por todos y para todos. Sólo así podremos
mirar de otra forma a la educación: como una necesidad y no como una
capacidad.
Fuente: Villavicencio Erandi. "Los jóvenes en la tercermundización y la educación para la liberación en México". Distintas latitudes.org URL: http://goo.gl/Y4RYhv Activa. 25 de junio de 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario